¡Hola a todos!
Hoy vengo con una opinión polémica. Una opinión tiene que ver con el difunto Decreto 42, el que regulaba las bolsas de maestros interinos de Madrid.
Entiendo que ese Decreto ha sido odiado. Entiendo que, al dar tanto peso a la nota por encima de la experiencia, a muchos docentes les pilló a contrapie; que vivieron la irrupción de esos jóvenes titulados con más tiempo para estudiar y menos vivencias como un auténtico atraco a sus puestos de trabajo, como un ERE.
Pero el problema salta a los ojos a través de las palabras subrayadas. ¿Sus puestos? Esos puestos nunca fueron suyos. Los únicos que, hoy por hoy, cuentan con una plaza en propiedad son los funcionarios que la han conseguido en el concurso- oposición.
Llegados a este punto, es inevitable desgranar un hecho: la perversión del sistema.
Si la vida fuese justa y el gobierno honrado, a lo largo de estos años se hubieran convocado todas las plazas que realmente se necesitaban. Al fin y al cabo, las oposiciones se supone que han de reflejar una necesidad de personal y, a través de esa prueba competitiva que pretende reflejar los principios de igualdad, mérito y capacidad, se escogen a las personas que han de ocupar de forma permanente esos puestos: los funcionarios con plaza. Aquellos que, habiendo alcanzado unos mínimos en la prueba, no han llegado a alcanzar la calificación necesaria para acceder a su plaza, son ordenados por sus notas y méritos de tal manera que, si es preciso hacer sustituciones, se irá tirando de ellos según su orden.
Sin embargo, durante muchos años no se han convocado todas las plazas realmente necesarias. Por un tema que se relaciona más con la inestabilidad laboral que con el ahorro, han estado convocando un 10% de las plazas que eran necesarias, de tal manera que se han destruido puestos de trabajo, pues apenas se podía relevar a aquellos profesores que se han estado jubilando.
En consecuencia, los interinos fueron dejando de aspirar a su objetivo final, tener la plaza, para conformarse con mantener el statu quo, es decir, tener garantizados los primeros puestos de la lista, queriendo eternizar una figura laboral que surgió para resolver emergencias acotadas en el tiempo.
Para conseguir esto, los decretos que ordenaban las listas se centraban en puntuar la experiencia de tal modo que, aunque las oposiciones docentes suelen producirse cada dos años, bastaba con presentarse, firmar y marchar para contar una renovación casi automática. Así han estado muchos años, acomodados en un puesto eventual. Esto implicaba también que los interinos, de forma gradual, fueron haciendo «tapón» a los nuevos aspirantes, que debían conseguir unas notas irreales para lograr ser llamados y, a veces, ni con esas notas lo conseguían.
Entonces surgió ese Decreto 42 de Madrid, que favorecía la entrada de los jóvenes al darle un mayor peso a la nota. Evidentemente la aparición de este decreto no fue una muestra de generosidad gubernamental; se trataba de ahorrar en educación. Un maestro con poca experiencia apenas tiene trienios o sexenios, sale más barato. Sin embargo, este decreto tuvo como consecuencia que muchos profesores veteranos quedaron fuera de las listas y en su lugar entraron jóvenes llegados de toda España, jóvenes que en sus respectivas comunidades no habían podido hacerse un hueco mientras que en Madrid, luchándolo, podían tener acceso a su primera oportunidad laboral, a comenzar a ganar esa experiencia que es imposible ganar si nadie te la da primera oportunidad.
Con los cambios políticos y las protestas sindicales, este decreto ha sido anulado y en mayo deberá aparecer el nuevo que reordene las listas. Los interinos veteranos, aprovechando su fuerza sindical, están demandando cosas como la admisión incondicional de los mayores de 55 (sean cuales sean sus méritos), el que se conserve la nota más alta obtenida desde el año 2001 (van dieciséis años) y el que la experiencia aumente su peso en el baremo. Es decir, por poner un ejemplo extremo, que si llega una persona joven y le toca competir contra alguien de 55 que una vez sacó un 9 en 2001 pero que en dieciséis años no ha sido capaz de volver a aprobar y que, debido a caer en un momento laboral más afortunado, ha podido ejercer su profesión de manera ininterrumpida y adquirir todos los puntos derivados de la experiencia, aunque te mates a estudiar y saques la máxima nota, si apenas tienes experiencia, te dan por culo: ni tienes derecho a plaza ni tienes la oportunidad de que te llamen a hacer sustituciones. Búscate la vida en un privado… si tienes quien te enchufe, claro.
Ojo, no soy partidaria precisamente de saltarme los derechos de estas personas ni de que toda la importancia la tenga la nota. Yo abogaría, si a alguien le interesara escucharme, por conservar la nota más alta obtenida en 3 convocatorias (pero no eternamente), que volviera a valorarse la formación y las publicaciones (un maestro ha de estar reciclándose siempre) y para que se le volviera a asignar un porcentaje importante a la experiencia… importante, pero no absoluto, no uno que deje fuera a un aspirante que se esfuerce y lo merezca.
Entiendo que también es inhumano estar pidiendo a la gente que demuestre cada dos años que vale para ejercer su profesión, eso no se le hace a nadie en ningún otro ámbito. Si, simplemente, salieran las plazas que tienen que salir cada dos años, de tal manera que casi no existan las llamadas «vacantes para todo el curso», y se hiciera como en otras oposiciones, en las que aprobar supone tener plaza y no tenerla implica suspender, quizá otro gallo nos cantaría a todos.
En cualquier caso, yo sé que lo que expongo son ideas y que jamás todos mis compañeros van a estar de acuerdo con ellas. Lo que me molesta es que pensemos más en nuestro beneficio particular que en el colectivo. Al final lo que estoy detectando es que todo el mundo aspira a la normativa que más le beneficia, la que le garantice el trabajo, sin pensar en si lo que demanda es injusto para los demás y menos aún en cuál podría ser ese sistema alternativo que favoreciera que fueran realmente los mejores profesores los que accedan a los puestos de trabajo.
Pues bien, dar prioridad por edad es inconstitucional. De la misma manera que se habla de favorecer a los mayores de 55 por su vulnerabilidad, podría hacerse lo mismo con los menores de 25, ya que son los que registran unas tasas mayores de desempleo, o en las mujeres que sean madres de hijos menores de 10 años, entendiendo que eso les hace más difícil estudiar ¿Se ha pensado en eso? Pues no, porque se supone que en una oposición se trata de buscar a los trabajadores que mejor puedan desempeñar su función según unos criterios y contar con una determinada edad no implica que sean intrínsecamente mejores que sus otros competidores, dar prioridad por edades implica cargarse el principio de igualdad.
Que conste algo más. Para mí, tal y como están hechas las pruebas, sacar una mayor calificación en los exámenes no implica ni de lejos ser mejor o peor profesor, sobre todo en la parte teórica, que depende más de que hayas podido encontrar un temario que le guste al tribunal que te toque y que cuentes con una buena memoria para reproducirlo fielmente. Pero, claro, tampoco contar con más años de experiencia te hace necesariamente mejor docente. Las oposiciones, por más que pretendan lo contrario, simplemente por tener la opción de discriminar ya son injustas, pues mucha gente muy válida se queda fuera del sistema, y las oposiciones a magisterio son tremendamente subjetivas y dependientes de la suerte.
Una oposición verdaderamente justa debería ser aprobada por cualquier persona competente que conozca su profesión. El hecho de que gente que ha ejercido pueda suspenderla cuando tiene los conocimientos precisos para ejercerla, ya nos debería hacer pensar que algo muy importante está fallando.
Tal vez si invirtiéramos más energía en buscar el bien común y menos en considerarnos mejores que el vecino, conseguiríamos mejores condiciones laborales para todos y una mayor calidad en la educación, que es lo fundamental.
¡Abajo las oposiciones! 
Es una situación muy injusta. Hay especialidades, como Turismo, en las que hay gente que ha estado años de interino por la simple razón de que durante años (6 años concretamente) no hubo convocatoria, aunque, obviamente, había plazas. En cualquier empresa, esas personas serían fijas. Sin duda era «su» trabajo. Igual que en cualquier empresa no echan a la gente que ya está para contratar gente nueva porque «hay que dar una oportunidad a los jóvenes» (no tiene nada que ver con que los jóvenes son más baratos, claro). Pero es que los jóvenes también deberían tener derecho a acceder a alguna plaza, que también tienen que comer, pagar facturas, y traen mucho que aportar. Una sociedad que no da oportunidades a los jóvenes, está muerta.
La solución quizá pasa por cambiar el sistema de oposición, y por empezar a ofertar las plazas que sean necesarias, pero también por tener un mercado laboral sano que permita a la gente tener un trabajo digno y estable fuera del funcionariado, para que la proporción entre plazas y aspirantes no sea tan desmesurada como es ahora. Algo que no existe en España desde 2001, o quizá desde mucho antes.
Sucede que el Estado no es la empresa privada, ni en lo bueno ni en lo malo. Cuando digo que esas plazas no eran suyas me refiero a que, por definición, no eran funcionarios de carrera sino interinos. El interino, por las propias características de su puesto, sabe que desempeña un puesto de trabajo provisional y, para que sea definitivo, debe sacar la plaza, si no, no es suya.
No niego que la situación es injusta para todos. Sólo por haber sacado la carrera ya deberíamos ser considerados aptos, porque en la empresa privada podemos ejercer perfectamente con la titulación pero, como hay un exceso de titulados o eso nos quieren transmitir, tienen que ver de qué modo hacer criba. Entonces ponen un examen absurdo que debemos superar para acceder a la escuela pública, pero no hemos de superarlo una vez, sino infinitas veces hasta que saquemos la plaza… si la sacamos. Esto implica sacrificar la mitad de nuestras vidas: un año de cada dos.
Podemos hablar de gente que lleva seis años de interino porque no han salido plazas. También podemos hablar de gente que metió cabeza cuando no había crisis económicas y se confiaron, creyendo que era suyo algo que no lo era. Queda mal decirlo, pero es completamente cierto, no pensaban que algún día pudiera cambiar la baremación. Y, cómo no, incluso podemos hablar de gente que en otras épocas hubiera entrado y ahora quedó fuera porque la situación es mucho más competitiva y exigente, del mismo modo que quizá muchos funcionarios veteranos no hubieran podido entrar con el grado de exigencia actual. Estas son injusticias que no entienden ni de número de intentos ni de años de ejercicio. ¿Qué me dices de aquellos que han aprobado cinco veces un examen y que no han podido ejercer porque hay personas que, a lo mejor, sólo lo aprobaron una vez pero hace más años?
Al final, se supone que la oposición se caracteriza justamente por su imparcialidad. En una empresa contratas a quien te da mejor impresión… y también puedes echarle si deja de dártela, más allá de que unos contratos tengan más calidad que otros, en estos tiempos nadie está a salvo. Sin embargo, en la oposición no se debe conocer el nombre de los opositores, ni su sexo, ni su aspecto físico (en magisterio es inevitable en la última prueba, no así en las previas), ni su estado civil, su edad.. o su tiempo de servicio. Esta prueba busca, aunque no encuentre el modo ideal de hacerlo, la máxima imparcialidad en la tarea de hallar la persona que se adecúa de mejor modo a una labor, por lo que debe evitar cualquier tipo de discriminación. No necesariamente un veterano va a ser mejor profesional que alguien con menos tiempo de ejercicio; pensar esto sería un tipo de discriminación, como también lo sería pensar lo contrario.
Por ello insisto en que priorizar a los mayores de 55 sería algo manifiestamente inconstitucional, aunque quizá suene, como dije, políticamente incorrecto.
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